En el verano de 2012, mediante una acción ejecutiva, el Gobierno Federal empezó a ofrecer a miles de jóvenes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos siendo niños, la posibilidad de no ser removidos del país por un período de dos años y de obtener autorización para trabajar. La administración de Obama implementó una medida llamada Consideración de Acción Diferida Para Los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) en respuesta al fracaso del Congreso para aprobar el proyecto de Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros (DREAM Act por sus siglas en inglés) que era mucho más exhaustivo. Los debates sobre DACA y DREAM Act generaron reconocimiento a nivel nacional de las luchas de los soñadores; jóvenes inmigrantes que enfrentan múltiples obstáculos para acceder a educación superior y el empleo, a pesar de identificarse como estadounidenses. Alrededor de 6.400 jóvenes que residen en Carolina del Sur se han acogido al programa DACA después de pasar exitosamente un estricto proceso de selección y de pagar $495 por la aplicación. Los jóvenes que son aprobados y reciben los beneficios de DACA deben pagar impuestos estatales y federales y deben renovar sus documentos cada dos años sabiendo que esta renovación no está garantizada.  La participación de estos jóvenes en el mundo laboral constituye una contribución positiva e importante tanto para la economía local como nacional. Sin embargo, hasta que estas protecciones se conviertan en ley, el futuro de estos jóvenes seguirá siendo incierto.