Las Voces del Lowcountry
Voces que se levantan
En el mes de junio del año 2008 el gobernador Mark Sanford firmó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de Carolina del Sur. Esta ley estatal fue considerada como una de las más punitivas de la nación. Las primeras porciones de la ley en entrar en vigencia fueron aquellas referidas a la verificación de empleo. Tres años más tarde, en junio del año 2011, la gobernadora Nikki Haley firmó otra ley, SB 20, la cual establecía que los oficiales de policía verificaran el estatus migratorio de las personas detenidas por justa razón cuando hubiera razonable presunción de que esa persona pudiera estar en el país ilegalmente. La nueva ley provocó preocupación entre los latinos, los ciudadanos comprometidos con las libertades civiles y los defensores de los derechos de los inmigrantes. Las autoridades policiales reaccionaron a la nueva medida con opiniones encontradas. Por ejemplo, Jon Zumalt, Jefe de la Policía de North Charleston, expresó preocupación de que la ley crearía nuevas cargas para la policía y socavaría la confianza entablada con la población latina durante años de arduo trabajo. Por otro lado, el Alguacil de Charleston County, Al Cannon, recibió con entusiasmo la nueva ley y se jactó de los agresivos esfuerzos de su departamento para deportar a inmigrantes indocumentados. Muy pronto la ley fue impugnada en los tribunales por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y una coalición de organizaciones de derechos civiles y ciudadanos preocupados por la situación.
Un fallo judicial del año 2014 obligó al estado de Carolina del Sur a limitar la aplicación de la ley SB 20, pero algunas disposiciones claves de las leyes de los años 2008 y 2011 permanecieron intactas, incluidas las medidas que se refieren a los trabajadores indocumentados y sus empleadores, los estudiantes universitarios y aquellos que buscan asistencia médica.
En las semanas precedentes a la aprobación de estos proyectos de ley del 2008 y 2011, muchos ciudadanos se manifestaron a favor e irrumpieron las trasmisiones radiales con ataques verbales dirigidos a los inmigrantes indocumentados y a los latinos en general. Activistas latinos y sus aliados se manifestaron públicamente y judicialmente en contra de ciertas porciones de las propuestas de ley e instaron en cambio a la aprobación de reformas migratorias federales que reconozcan las contribuciones económicas y culturales de todos los inmigrantes tanto documentados como indocumentados y que provean vías hacia la ciudadanía. Para muchos latinos que viven en Carolina del Sur, la aprobación de reformas migratorias draconianas ha servido como una fuerte llamada de atención. Nuevos líderes de la comunidad han emergido, algunos de ellos decididamente comprometidos en la defensa de las libertades civiles y los derechos humanos. Más aún, la comunidad latina ha encontrado aliados claves principalmente entre los abogados progresistas y los activistas políticos. Sin embargo, cabe preguntarse qué tan efectivas serán estas fuerzas pro-reformistas frente a la oleada creciente de sentimientos anti-inmigrantes atizada por el Presidente Donald J. Trump y sus corrosivas promesas de deportaciones masivas y la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Las siguientes entrevistas exploran como los latinos de Carolina del Sur respondieron a la legislación de los años 2008 y 2011.
